Como una propiedad de la naturaleza, es casi un hecho que la gran mayoría de las decisiones polémicas se toman hacia fin de año, cuando “la gente está en otra”.
Negociado de mil millones de euros en Campana con un predio pegado al Parque Nacional
El municipio gobernado por Cambiemos autorizó la instalación de industrias en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos y a metros de barrios muy poblados. En el lugar se pretende instalar una compañía dedicada al acopio, almacenamiento y transferencia de combustibles. Desde la oposición se preguntan a quién fue a parar la plusvalía.
Esa regla volvió a verificarse, esta vez en la ciudad de Campana, a 61 kilómetros de la General Paz. Allí, el jueves 19 de diciembre, el bloque oficialista que gobierna el partido de Campana desde 2015, aprobó por instrucción del reelecto intendente Sebastián Abella una polémica ordenanza autorizando al Ejecutivo a suscribir con un particular, un convenio urbanístico que modifica el Código de Planeamiento Urbano.
En concreto, la norma permite el uso industrial de 411 hectáreas de un total de 513 que tiene un previo lindero con el Río Paraná de las Palmas, el cual hasta ese momento tenía previsto un uso rural.
Lo particular del caso es que ese sector se encuentra ubicado en la ribera sur de Campana, a la vera del río. El predio es conocido comúnmente como Tajíber, y en los hechos actúa zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.
Ese parque, el más reciente de toda la geografía Argentina (fue creado por ley de octubre de 2018), está caracterizado por sus extensos humedales de particularidades únicas, reconocidas a nivel internacional. Incluso el propio Concejo Deliberante de Campana había aprobado en 2017 una ordenanza (la 6660), la cual declaraba zona no urbanizable todo ese lugar, “prohibiéndose todo tipo de construcción que implique movimiento de suelos, rellenos, endicamientos (armado de diques), etc., que alteren el funcionamiento natural del ecosistema”.
El texto argumentaba que ese sector es considerado un “área de amortiguamiento de la Reserva Natural Otamendi (ahora Parque Nacional), por lo tanto corresponde restringir los usos de estos territorios para resguardar las condiciones de sustentabilidad de la reserva en la cual se desenvuelven especies en peligro de extinción como el gato montés y el ciervo de los pantanos, como así también, gran cantidad de especies de aves”.
CAMBIO DE PLANES
Pero entre medio surgió el negocio. Y había que dar marcha atrás con lo que el mismo cuerpo legislativo y en la misma gestión habían aprobado. Se intentó hacerlo en antes de las elecciones generales de octubre, pero como la presidencia de Concejo Deliberante estaba en manos de la oposición, se hizo valer la obligatoriedad de la celebración de una Audiencia Pública, requisito ineludible para la modificación de códigos de planeamiento urbano, ambiental y de edificación, o normas de emplazamientos industriales o comerciales.
¿Qué hizo la gestión municipal? Luego de volver a ganar las elecciones e iniciar una nueva conformación del legislativo, con la actual integración del cuerpo el oficialismo reingresó el proyecto. En la sesión del 19 de diciembre, valiéndose de su cuórum y mayoría propios, lo primero que hizo fue derogar la obligatoriedad de la Audiencia Pública. E inmediatamente avanzó sobre el cambio del uso del suelo del predio en cuestión.
El cambio de zonificación parecía tener nombre, apellido y destinatario. "Estaba destinado pura y exclusivamente a permitirle a la empresa Petroming s.a. la extensión de su predio aguas abajo del Paraná de las Palmas, hasta el límite mismo del Parque Nacional", sostuvo ante MARCA INFORMATIVA Lautaro Ríos, abogado y exconcejal del PJ, quien fue uno de los principales activistas para que el predio se mantuviera en las condiciones actuales.
Petromining s.a. se dedica a la elaboración de derivados del petróleo y posee un muelle propio sobre el río, para buques con un calado máximo de 10,4 m y una eslora de 230 m. Su planta en el margen sur del río sirve para el almacenamiento de gasoil y fueloil, acopio de minerales y muelle para embarcación y barcazas. Se trata de una planta de transferencia, porque incluso permite almacenar combustible para mercado interno y también para abastecer a países de la región que integran la hidrovía mediante barcazas.
La firma es subsidiaria local de la multinacional suiza Trafigura, dueña también de Puma Energy, y que por otra parte ha sido denunciada internacionalmente por reiterados casos de contaminación ambiental que provocaron la muerte de numerosos personas y dejaron otras con enfermedades vinculadas a su actuación.
Con antecedentes que no la avalan demasiado, Petromining logró la aprobación de la ordenanza que le permitirá avanzar con su planta de petróleo a escasos metros de dos populoso barrios de Campana y también hasta los límites del Parque Nacional.
DEMASIADO GENEROSOS
Soledad Calle fue la concejal de la oposición que llevó estos planteos a la sesión del Concejo Deliberante de Campana. Lógicamente, la sesión terminó en escándalo, con toda la bancada opositora dejando el recinto y con el oficialismo aprobando la norma en soledad
“Yo les pregunto –inquirió la edila-: ¿Tan generosos son ustedes que van a generar una valuación inmobiliaria millonaria sobre un predio y no le conceden a los campanenses ninguna aplicación de plusvalía?”, dijo ante la mirada de los concejales del oficialismo.
Debido a que la ya aprobada ordenanza no contempla ningún tipo de beneficio, ni para el municipio ni para los vecinos, Calle se preguntó de forma reiterada quiénes fueron los que ganaron con esta nueva normativa. “¿Quién ganó? ¿Quién se quedó la Plusvalía? ¿En qué escritorio quedó, o a qué bolsillo fue a parar? Porque, de generosos no creemos que lo hayan hecho”, disparó la presidenta del bloque del Frente de Todos
Anteriormente, la propia Soledad Calle había denunciado que se hablaba de un negociado de mil millones de euros, algo que terminó de consagrarse con el disciplinado voto de los 11 concejales oficialistas.
Hasta la actualidad, el predio que en realidad pertenece formalmente a la Compañía General de Fosforos Sud Americana s.a. ha venido siendo utilizado para la explotación agrícola. La norma que impedía el uso industrial de estas 411 hectáreas fijaba un “claro freno al avance de la zona industrial más allá de los límites del predio que actualmente ocupa la empresa Petromining, teniendo en cuenta la preservación del único pulmón verde que le queda a la ciudad hacia el sur y en el que se encuentra el recientemente creado Parque Ciervo de los Pantanos”, sostiene un documento difundido por la Red del Río Luján.
La propia Administración de Parques Nacionales había intentado frenar el avance sobre el cambio de zonificación del predio. Lo hizo con una nota firmada por Emiliano Ezcurra Estrada, vicepresidente del directorio de APN, con una nota dirigida a Osvaldo Fratticheli, anterior presidente del Concejo Deliberante de Campana. "El cambio de uso rural a uso industrial sin duda implica una transformación del ambiente y de posibles uso del suelo mucho más compleja de compatibilizar con la conservación de la biodiversidad del área protegida", argumenta la nota, agregando que también se dará sobre el predio una "pérdida de su rol amortiguador de efectos ambientales negativos provenientes de la zona Industrial".
También Greenpeace intervino, organizando una junta de firmas digital para pedirle al intendente Abella que no apruebe la rezonificación de una zona contigua al Parque Nacional, "que cambiaría su uso de rural a industrial, habilitando la instalación de una empresa que almacena millones de litros de combustible inflamables y de minerales".
Si bien no se tiene documentación al respecto, en el bloque opositor dentro del Concejo Deliberante de Campana siguen con atención los movimientos de la firma desarrollista E2, que ya habría adquirido los predios a la mencionada Compañía General de Fosforos Sud Americana s.a.
A través de su representante, Diego Martínez Núñez, E2 habría abrochado un negocio millonario luego de haber comprado un predio con estricto código ambiental, para luego verse beneficiado por una mayor cotización del metro cuadrado a partir del cambio de zonificación rural a industrial. "Estamos hablando de un negocio de mil millones de euros", sostienen desde el bloque.
Mientras tanto, las organizaciones ambientalistas y sociales mantienen su preocupación fundada por el hecho de que casi sin debate ni estudio, se haya modificado de un momento a otro toda una planificación territorial que llevó años concretar, incorporándose 411 hectáreas de tierras para uso industrial a un ya colapsado ambiente en la ciudad. Por eso consideran que se trata de una zona de “sacrificio ambiental”.