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El municipio de Corrientes privatiza su playa y pretenden construir hasta un shopping

La Municipalidad de Corrientes cedió a empresas privadas amplias parcelas públicas en una zona de playas en la Costanera Sur de esa ciudad para la construcción de bares y de un shopping. Vecinos se oponen y sospechan que el fin real es instalar un casino. El proyecto viola el Código de Planeamiento Urbano local y el Código de Protección Ambiental.

Estos permisos fueron otorgados en forma unilateral por el intendente Eduardo Tassano entregó de forma unilateral una serie de "permisos precarios" a distintos empresarios para la construcción de obras en los balnearios Malvinas I y II y Arazaty, sobre el río Paraná, en la zona sur de la ciudad, donde los terrenos tienen un alto valor de cotización. Los permisos son para la ejecución de negocios en la playa Islas Malvinas II, que tiene 243 metros; Islas Malvinas I de 120 metros y Arazaty, que cuenta con 600 metros.

En esta última playa, la preocupación es doble: la entrega de los terrenos beneficia a un grupo empresario dedicado a la explotación de casinos, que propuso la construcción de un shopping. Los vecinos desconfían y dicen que allí se instalarán máquinas de juego.

La situación encendió alarmas en organizaciones sociales, grupos de profesionales e instituciones ambientalistas que se movilizaron y denunciaron irregularidades en la cesión de los terrenos en los que se emplazan los balnearios Arazaty I y II. Sostienen que la entrega de esos terrenos causará daños ambientales, al tiempo que se violenta lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano local y el Código de Protección Ambiental, además de normativas que protegen los recursos naturales, el Código Civil y la Constitución provincial.

Además, las construcciones se harían sobre un área vital para el desarrollo de actividades a la costa del río Paraná, en una ciudad en la que durante el verano la temperatura promedia los 45° centígrados. Incluso técnicos de la Universidad Nacional del Nordeste rechazaron la construcción de estas infraestructuras de negocios en el espacio público.

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Desde la Universidad Nacional del Nordeste manifestaron su "preocupación" por el proyecto del shopping.

CONNIVENCIA LEGISLATIVA

El proyecto de cesión de terrenos y construcción de comercios fue tramitado en el Concejo Deliberante, donde Cambiemos tiene mayoría. Sin embargo, la iniciativa, que partió del concejal de la Coalición Cívica, Fabián Nieves, fue aprobada con el voto de todos los legisladores de Cambiemos y la abstención de los concejales del Partido Justicialista. El concejal del Partido de la Victoria, Jaime Gálvez, estuvo ausente. Así, el 19 de diciembre último, en sesión extraordinaria, se aprobó la cesión de derechos sobre esos terrenos.

El proyecto establece una inversión de 900 millones de pesos para la instalación del edificio de tres pisos donde, según el intendente Tassano, funcionará un paseo de compras. Sin embargo, Jorge Goitía, el empresario involucrado en el proyecto, es titular de una cadena de casinos.

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Jorge Goitía es el titular de Casinos del Litoral SA y es sindicado como el zar del juego en la provincia de Corrientes.

BARES PLAYEROS

Una firma inició la ejecución de una obra en la playa Arazaty, con el Permiso de Obra N°01 del 2020 otorgada por la gestión del intendente Eduardo Tassano. La constructora es la firma Live World SA que declaró como domicilio el mismo pedazo de playa que va a ocupar para la explotación comercial. La firma consiguió autorización para comercializar bebidas alcohólicas, algo prohibido en zona de playas según lo indican las normativas locales. La información básica de la obra es imposible de conocer: el cartel de la misma carece de datos obligatorios como los metros cuadrados autorizados, superficie a ocupar y características técnicas de la infraestructura.

Esta es la cuarta autorización otorgada en forma directa para la explotación de estos espacios. Anteriormente, desde mediados de noviembre hasta el momento, la gestión del intendente Tassano les entregó porciones de la playa pública para la construcción de plateas de hormigón y estructuras fijas para la explotación comercial a distintas empresas: MS Holging Group Sasu, cuyo proyecto estaba en la plaza Islas Malvinas II, pero la Justicia hizo lugar a un amparo de vecinos y mandó a demoler la obra y liberar el espacio público; la empresa Jack Tower SAS, que tiene su proyecto en marcha; y por último hay un permiso otorgado a la empresa Hoco-Casinos del Litoral SA para la construcción de un shopping.

TENENCIA DE LA TIERRA

La entrega de los terrenos públicos a firmas privadas no es de ahora, y se contextualiza en un conflicto iniciado en la década de los '90 por la tenencia de esos espacios. Al comienzo de esa década, durante la gestión de Raúl Rolando Romero Feris, se llevaron adelante acciones para liberar espacios de los obstáculos que limitaban el acceso al paisaje. Se ordenó la demolición de algún local privado y se hicieron obras de infraestructura para evitar inundaciones por la crecida del río Paraná.

En el 2000, durante la intervención federal radical, se inició el proceso de expropiación de los lotes de la actual costanera sur. Muchos empresarios iniciaron juicios contra el Estado y en 2008, justo cuando finalizaron las obras de infraestructura de la avenida, Jorge Goitía, el hombre de los casinos, compró los derechos de todos esos litigios y empezó a pensar en un proyecto más ambicioso.

Con las playas instaladas y una creciente actividad en la zona, el empresario de casinos propuso la instalación de un shopping en un terreno que se atribuye en forma ilegal.

El concejal del Partido Justicialista, Ataliva Laprovitta, explicó a MARCA INFORMATIVA que para ceder espacios sobre la playa para la construcción de un shopping el gobierno municipal "requiere de una excepción del Concejo" pero es imposible "sin la adecuada aprobación de los mecanismos legales para finiquitar los convenios de finalización de juicio entre el municipio y quien reclama los derechos", ya que eso podría prefigurar nuevos juicios contra el Estado.

Laprovitta destacó que el proyecto no respeta cuestiones ambientales y tapa la visibilidad del río. En los últimos días, el nuevo ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, llegó a Corrientes para interiorizarse sobre esta problemática. El Estado nacional debe definir postura y si quiere confrontar con los empresarios y el municipio.

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