Hay veces en las cuales el texto de una ley no es del todo claro, y entonces es tarea de los jueces echar luz. Pero hay otras ocasiones en las que no existe ningún tipo de dudas.
La Corte consagró el "negocio" millonario de armar un partido con muchas internas y presentarse en las PASO
Con un reciente fallo le concedió la apelación al partido neonazi de Alejandro Biondini y ordenó a la Cámara Nacional Electoral que dicte una nueva sentencia para que se le paguen los 20 millones de pesos más intereses que reclaman. La jurisprudencia abre definitivamente la posibilidad de que partidos políticos multipliquen sus líneas internas y participen de la PASO para cobrar millones por la impresión de boletas.
Ése parece ser el caso de la ley 26571, la que consagró el sistema de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, las PASO. El articulado dispone que el Ministerio del Interior "otorgará a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una boleta por elector". Y además señala que estos aportes “serán distribuidos por la agrupación política entre las listas de precandidatos oficializados en partes iguales”, todo previsto en el artículo 32.
De la sanción en diciembre de 2009 de esa normativa con un artículo absolutamente claro, al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cual afirma que está bien lo que plantea UN partido neonazi de la provincia de Buenos Aires, y que hay que pagarle los 20 millones de pesos más intereses que reclama desde 2017, lo que sucedió entre medio es un claro ejemplo de "creatividad judicial". Jueces que se dedican a torcer leyes.
CÓMO EMPEZÓ EL DESVÍO
La normativa funcionó correctamente en las elecciones de 2011 y nadie objetó. Sin embargo en 2013, cuando se constituyó el Frente UNEN, primer antecedente de lo que luego sería Cambiemos, esa coalición fue a la Justicia a pedir que en lugar de una boleta por elector para cada agrupación, se otorgara ese monto por cada lista interna. Y de forma inesperada, la Cámara Nacional Electoral falló a favor de UNEN y la decisión fue refrendada por la Corte (fallo 338:628).
En ese momento el juez Carlos Fayt fallaba en disidencia "planteando lo obvio", según reseña Gerardo Scherlis, investigador del Conicet y profesor de Derecho Público en la UBA. "Lo que dijo Fayt es que antes de hacer exégesis teleológica conviene ver qué dice la ley, y en este caso no hay mucho margen para interpretar", dijo Scherlis, agregando que "todo el cuerpo normativo va en igual sentido. No hay de dónde agarrarse para pagar una boleta por lista".
Pero Fayt además advirtió que con esta interpretación se alentaba la reproducción de listas, promoviendo la fragmentación de la oferta electoral. Y eso fue lo que ocurrió: en 2015 se habían presentado un total de 223 listas. En 2017 se pasó a 331, lo que implicaba un 41% de aumento de una elección a otra.
Algunos politólogos celebraban porque habría más competencia, "pero esa proliferación obedecía más bien a la búsqueda de aportes públicos por las boletas", asegura el especialista. Scherlis cita el caso de Santa Fe, donde la Alianza Espacio Grande presentó 12 listas y el Partido del Campo Popular, siete. La primera sumó 1,8% de votos y el segundo sumó 1,4%.
JUECES CREATIVOS
Este absurdo consagrado por la justicia al apartarse del texto de la ley llevó a que el partido neonazi Frente Patriota Bandera Nacional, conducido por Alejandro Biondini, presentara en la provincia de Buenos Aires seis listas distintas para senadores. Eso suponía darle más de 20 millones de pesos para imprimir 72 millones de boletas.
Ante esta situación -reseña Scherlis-, la Dirección Nacional Electoral decidió seguir el criterio literal de la ley, apartándose de la "interpretación caprichosa de la corte en el fallo UNEN" y decidió no pagar, diciendo que "no aceptarían avivadas".
El problema es que esa decisión fue judicializada y llevada nuevamente a la Cámara Nacional Electoral, que quedó en una disyuntiva letal: ratificar su decisión de 2015 y quedar abrazados a Biondini, o retractarse de lo que habían dicho dos años antes.
"La solución que plantearon fue crear un nuevo régimen de aportes por boletas: una boleta por agrupación, más un plus para cada agrupación que presenta más de una lista según votos de la última elección", cuenta Scherlis. Algo así como una bisectriz entre lo que dice la ley y lo que inventaron los jueces.
El caso llegó a la Corte vía recurso extraordinario, y el 18 de febrero el máximo tribunal lo admitió y le ordenó a la Cámara que dicte un nuevo fallo, acorde al antecedente UNEN.
"La Corte argumenta correctamente que no está bien que los jueces creen un nuevo régimen de aportes. Pero no advierte que eso mismo hizo la propia Corte con el fallo UNEN, cuya doctrina pretenden ratificar ordenando a la Cámara que dicten nuevo fallo en esa línea", explicaba Scherlis.
El primer efecto concreto de este fallo es que "abre las puertas a que Biondini reciba una linda cantidad por imprimir las 72 millones de boletas de 2017. El segundo, probable, es una nueva avalancha de listas para la próxima legislativa".
CORREGIR EL "CURRITO"
"Si los legisladores quisieran, deberían modificar la redacción del texto de la norma para darle aún mayor claridad a lo que está establecido", le explicó Scherlis a MARCA INFORMATIVA, tras la pregunta sobre alguna vía para ponerle freno a esta desvirtuación. "Lo curioso en este caso es que la norma es tan clara que no parece admitir discusión, y dice de forma textual que es una boleta por elector a cada agrupación, y que la agrupación es la que distribuye en partes iguales entre sus listas. Es clarísimo", insistió. Aun así, consideró que se podría pensar algún agregado que diga "de ninguna manera", o alguna frase similar. Por absurdo que parezca.
La intención sería eliminar la posibilidad de que las agrupaciones puedan especular con este mecanismo y mucho menos considerarlo una vía para recibir fondos del Estado para el pago de la impresión de las boletas. "Está claro que se pueden fraguar las facturas de imprenta y usar este mecanismo para recibir millones de pesos", añadió Scherlis.
Sobre el mismo tema fue consultado el especialista electoral Andy Tow, quien coincidió con el argumento de que la ley y los decretos reglamentarios son claros: "No deja ninguna duda: se paga un padrón por agrupación. Pero la Cámara y la Corte en UNEN interpretaron eso como un padrón por lista".
Por eso sostiene que "salvo en el caso que la ley se modifique para decir otra cosa, no hay manera de solucionarlo con otra ley". En tal sentido, Tow es algo pesimista al señalar que “el Congreso mucho no puede hacer si luego los jueces electorales se ponen creativos”.