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El desmonte récord en Salta, un factor clave para la muerte de niños wichís

En los últimos 15 años, los gobiernos salteños autorizaron el desmonte de 800 mil hectáreas de monte, donde cientos de comunidades se procuraban lo básico para su subsistencia. Los wichís, historia de un encierro entre la muerte, el hambre, la soja y el agronegocio voraz.

"El monte es como el supermercado de los wichís. Se lo quitaron con el desmonte, ellos sacaban de ahí sus alimentos y medicinas". La frase de Rodolfo Franco, único médico de Misión Chaqueña (la comunidad wichí más grande de Salta), resume a la perfección la importancia que tiene para estos sectores la preservación del monte y el enorme daño que sufren desde hace alrededor de 15 años, cuando el proceso de sojización buscó incorporar más áreas de cultivo en el Chaco salteño. El diputado provincial Claudio del Plá indicó que se incorporaron unas 800 mil hectáreas.

Las comunidades quedan atrapadas entre las grandes extensiones de tierras pertenecientes a transnacionales, grandes empresas locales y empresarios poderosos. Cuando las topadoras completan su trabajo, los wichís se quedan sin recursos para obtener sus elementos básicos de subsistencia. El destino es el hambre o la expulsión del lugar.

Las últimas dos gestiones provinciales -la de Juan Carlos Romero entre 1995 y 2007 y la de Juan Manuel Urtubey, entre 2007 y 2019- autorizaron el desmonte de miles de hectáreas. En 2006, Salta tuvo el récord continental de desmonte en un solo año. Dal Plá recordó que "se autorizaron más de 100 mil hectáreas". Durante el gobierno de Urtubey, el desmonte alcanzó las 400 mil hectáreas. Es el equivalente a 20 veces la ciudad de Buenos Aires. El nuevo gobierno no parece tener un perfil diferente a sus antecesores.

"Lo interesante es que las que se desmontaron por derecha eran más o menos un tercio de eso. Otro tercio se hizo mediante una manipulación de la Ley de Ordenamiento Territorial que se llama recategorización predial. Son terrenos con restricciones, en zonas amarrilas o rojas, a los que les hacían un análisis sacándolas de contexto se las convertía en zonas verdes. Otro tercio era desmonte ilegal con la vista gorda del Estado y multas irrisorias", dijo Del Plá.

Franco, testigo de primera mano de la tragedia social que vive la provincia del norte, hizo una cruda afirmación, cargada de ironía: "Acá (NdR: en Misión Chaqueña) conservamos un poquito de monte y tenemos alguna posibilidad de sobrevivir. Somos un pueblito privilegiado: no se nos murió ningún chico".

En Salta hay alrededor de 400 comunidades, de las cuales 227 son wichís. Mientras los gobiernos provinciales autorizan el desmonte a mansalva o dejan pasar el desmonte ilegal, los indígenas quedan desamparados. "Son comunidades parias del Estado, no pueden vivir sin asistencia estatal", lanzó Del Plá. Todavía se recuerda la imagen de un helicóptero del gobierno de Urtubey arrojando comida a personas que se arrojaban como animales sobre ella.

EL DURÍSIMO INFORME DE LA AGN

Entre julio de 2013 y diciembre de 2016, la Auditoría General de la Nación (AGN), a cargo del recientemente fallecido Leandro Despouy, elaboró un informe donde advertía seriamente por los desmontes en Salta, indicaba que violaban la Ley de Bosques y planteaba la anulación de las habilitaciones otorgadas en zonas protegidas.

El documenta se centra en 32 fincas a las que el gobierno salteño cambió de categoría para habilitar los desmontes. Todas suman una superficie total de 144.984 hectáreas, dentro de las cuales se habilitó el desmonte de 58.611 hectáreas. De ellas, el 60% (35.443 hectáreas) fueron efectivamente arrasadas por las topadoras.

"Casi 200.00 ha se han desmontado con la autorización gubernamental en Salta. Este problema se ve agravado si sumamos los desmontes que se hicieron de manera ilegal sin la autorización gubernamental, los cuales según estadísticas oficiales que surgen del informe técnico de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativas (OTBN) de Salta; llegan a un total de 257.828 hectáreas", detalla el documento.

Por último, la AGN apunta a los beneficiarios de este proceso de desmontes que puso a las comunidades wichís contra las cuerdas: "Muchos de los beneficiarios de estas autorizaciones son grandes empresas o grupos económicos que invirtieron en la compra de tierras en la Provincia en un contexto en el cual durante los últimos años el valor de los comodities, tales como la soja, hacía atractivo extender la frontera agropecuaria a zonas que hasta entonces no eran productivas".

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